El Tribunal Supremo considera que Hacienda no era competente para decidir unilateralmente suspender el aplazamiento de la deuda acordado y querer cobrar los 12 millones obtenidos por sentencias judiciales en 2018. Estos años han sido complicados para el Ayuntamiento y se va estudiar la posibilidad de solicitar una compensación por los perjuicios causados al perder subvenciones. Y es que Hacienda y Seguridad Social, durante un tiempo, emitieron informes del Ayuntamiento de no estar al día en los pagos.