El estudio elaborado por un equipo experto se llevará a pleno para su aprobación inicial. Tendrá una vigencia de cinco años, hasta 2027, y entre otras conclusiones, sitúa en 500 las viviendas protegidas que se debería ejecutar en dicho periodo. 150 son las que correspondería al Ayuntamiento, proyecto que conllevaría una inversión de 15 millones de euros, más la aportación de suelo municipal. El documento también pone cifras a la necesidad de vivienda libre.