Un nuevo criterio judicial podría ser clave para que el Ayuntamiento no tenga que afrontar pagos por el incumplimiento de convenios urbanísticos de la era GIL. En este caso serían 44 millones reclamados por una sociedad que no fue la que firmó el convenio, sino que adquirió posteriormente los derechos y esto es lo que ha tenido en cuenta el tribunal, ya que el consistorio ni conocía ni había autorizado que a través de esta relación contractual una nueva entidad obtenía derechos urbanísticos públicos.